La lucha contra la corrupción en el contexto mundial se ha transformado en las últimas décadas en uno de los temas de mayor prioridad en materia de políticas públicas, aunque como fenómeno, la corrupción ha existido siempre, en diversos grados y formas, siempre ha estado presente de una u otra manera en todas las sociedades y sistemas políticos de nuestra civilización. Sin lugar a dudas, desde mediados del siglo XX, el acelerado desarrollo experimentado por los medios de información y de comunicación, ha propiciado un gran interés por las consecuencias más visibles que puede llegar a ocasionar este fenómeno en numerosos países (Ej: cambios de gobierno en Japón y Corea del Sur; destitución y condena de presidentes en Brasil y Venezuela; crisis generalizadas en Italia y España, etc., El debate y la reflexión en torno a los valores éticos de la democracia y la Administración del Estado, como se puede apreciar, está en estrecha relación con el tema de la gobernabilidad y legitimidad de las instituciones políticas del sistema democrático; aspectos que hacen posible el desarrollo económico y social de nuestros países. No es de extrañar entonces que haya entre el mundo académico y político plena coincidencia respecto a la urgente necesidad de asumir la prevención de dicho flagelo con la prontitud y pertinencia que demandan las circunstancias. Pasar por alto esta tarea, de acuerdo a las recientes experiencias internacionales es hipotecar hacia un futuro no muy lejano, nuestra democracia, nuestro desarrollo y nuestra convivencia pacífica como nación. Todas las sociedades proveen en mayor o menor medida incentivos y oportunidades fecundas que permiten la proliferación de la corrupción. Por todos es sabido que el Estado: Posee la facultad exclusiva para sancionar la obligatoriedad de sus decisiones tiene la última palabra en la esfera de lo público; Provee bienes y servicios, implementa políticas públicas y regula aquellas áreas de la esfera privada frente a las cuales considera justificada su acción en Pro del bien común por la presencia de fallas en el mercado el principal asignador de recursos de nuestros días.  En este contexto, invariablemente, siempre existirán quienes, más allá de su condición de actores sociales o políticos, busquen gravitar significativamente en torno al poder público y político con el objeto de apropiarse de recursos fiscales por medio de mecanismos ilegales o ilegítimos; postergando desde luego, la consecución del interés público tras la obtención de beneficios particulares de tipo personal o grupal. Visto desde esta perspectiva, la lucha contra el flagelo de la corrupción no tendrá ningún éxito si se lleva a cabo en base a esfuerzos aislados. Al ser un fenómeno global, requiere tanto en el plano nacional como en el internacional del compromiso mancomunado y solidario de todos los actores que componen y participan dentro el orden mundial: representantes y/o autoridades de las agencias internacionales (como la ONU, OEA, Banco Mundial, BID, y demás ONGS,), autoridades de gobierno y altos funcionarios de la Administración del Estado (Ministros, Directores de empresas Públicas, Alcaldes y Concejales), parlamentarios, partidos políticos, miembros del poder judicial, empresarios transnacionales o locales y, por cierto, de cada ciudadano también.  Resulta de primordial importancia generar en países como el nuestro, la conciencia respecto a la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción, es decir, el control social sobre los actos de corrupción. Desde esta perspectiva el rol que le cabe a los medios de comunicación es incuestionable. Es sabido que la eficacia de la administración pública está estrechamente vinculada con las metas y sistemas que se utilicen para su control, pero existen principios intangibles que por su naturaleza sin duda constituyen principios rectores de la vida pública. Sobre este particular, resulta interesante hacer mención al informe emitido por un grupo de expertos ingleses en el año 1995, a petición del Primer Ministro Británico, expertos que se reunieron para proponer normas básicas o elementales de conducta en la vida pública relativas entre otras a la actividad administrativa. Este informe se denomina "Informe Nolan" en honor al jurista que presidió esta comisión llamado Lord Nolan. El informe señala y define lo que se denomina "los siete principios de la vida pública"